Guatemala.- El Ministerio Público informó hoy que solicitó un proceso de antejuicio contra el ex presidente Jimmy Morales, quien habría incurrido en “actos arbitrarios e ilegales” al declarar “non grato” al entonces titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.
La disposición gubernamental contra el ex juez colombiano que fungía como titular de la CICIG fue dictada por Morales el 27 de agosto de 2017, al parecer por inconformidad del mandatario por una investigación por corrupción contra su hijo mayor y su hermano.
Morales, quien gobernó de 2016 a enero de 2020, también fue investigado por la CICIG por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Al final el gobernante se impuso y, tras prohibirle el ingreso al país a Velásquez, rompió con la misión internacional y negó una nueva prórroga del mandato.
La CICIG, que surgió en diciembre de 2006 por un acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas, colaboró con el Ministerio Público (MP) en la investigación y procesamiento de cientos de funcionarios y particulares acusados de corrupción.
Las investigaciones de la CICIG y el MP llevaron a prisión al presidente Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo a cuatro meses de terminar su mandato de cuatro años (2012-2015), y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de encabezar una estructura criminal que, entre otros delitos, defraudó el sistema aduanero.
El tres de septiembre de 2019, de manera unilateral, el presidente Morales negó la prórroga del mandato de la CICIG, que los gobiernos anteriores habían suscrito cada dos años.
Leslie Pineda, titular de la Fiscalía del MP contra la Corrupción, presentó la solicitud de retiro de la inmunidad contra el expresidente Morales, quien apenas terminó su mandato se incorporó como diputado al Parlamento Centroamericano, con sede en Guatemala.
Morales “podría haber violentado” varios artículos de la Constitución Política al actuar contra el jefe de la CICIG y “conculcado el contenido del Artículo 12 del Acuerdo suscrito” entre las Naciones Unidas y el Estado “relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, según la denuncia del MP.
