Lima, Perú. – Según expertos y organizaciones no gubernamentales (ONG), el trabajo infantil en América Latina ha aumentado como resultado del empobrecimiento y el deterioro económico-social provocado por la pandemia, lo cual representa una amenaza para el futuro de la región, ya que dificulta la educación de los niños. Con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, se han destacado las consecuencias negativas de esta situación.
El confinamiento y la disminución de los ingresos en muchos hogares han llevado a millones de familias a buscar trabajo en la calle y, en muchos casos, a emplear a sus hijos. Nelly Claux, directora de calidad e impacto de programas de la ONG Save the Children en Perú, explicó a la agencia de noticias EFE que en 2021 se produjo un aumento significativo de niños y niñas que se vieron obligados a trabajar debido a la crisis generada por la pandemia. La pobreza lleva a que los niños participen desde temprana edad en la búsqueda de recursos, agregó Claux.
En Perú, donde es legal trabajar a partir de los catorce años en condiciones dignas, aproximadamente una cuarta parte de la población infantil y adolescente trabaja, aunque no siempre en las peores formas de trabajo. La mayoría de ellos estudia y trabaja al mismo tiempo, pero un 5% se dedica exclusivamente a trabajar. En este contexto, es común encontrar a niños empleados por terceras personas que acumulan dinero a través de su trabajo, como ocurre en la minería ilegal, una de las actividades más peligrosas, o en labores domésticas donde a menudo son explotados.
Jesuitas
México, donde está prohibido que los menores de 15 años trabajen, es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Según las cifras oficiales más recientes, de los 28,5 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años en México, 3,3 millones trabajaban, de los cuales dos millones lo hacían en ocupaciones no permitidas y 1,2 millones en actividades peligrosas. Las principales actividades en las que se emplean son la agricultura, la ganadería, la construcción, la industria y el comercio.
En Centroamérica, la situación es abrumadora. En Guatemala, alrededor de 900.000 menores que no han alcanzado los 18 años trabajan, lo que representa el 17% del total de la población infantil. El 60% de ellos trabaja en zonas rurales, mientras que el resto lo hace en la industria, la hostelería y el comercio, según datos oficiales. En Nicaragua, aunque las últimas estadísticas son de 2012, se estima que había 396.118 niños trabajadores entre sus 6,7 millones de habitantes. A pesar de haber ratificado convenciones internacionales contra el trabajo infantil, los niños nicaragüenses continúan sometidos a las peores formas de explotación laboral, incluyendo el turismo sexual, según la ONG internacional Humanium.
En El Salvador, según datos oficiales, trabajan 81.164 menores, lo que representa el 6,1% del total, y el 40% de ellos no asiste a la escuela. En Honduras, antes de la pandemia, había 475.000 niños y niñas trabajando, un tercio de ellos en el campo, pero esta cifra se ha duplicado como consecuencia de la crisis, según el portavoz de UNICEF, Héctor Espinal. Además de ser expulsados de la escuela, la pandemia ha obligado a estos niños a trabajar para sobrevivir.
Azúcar de Guatemala
En Brasil, según cifras oficiales de 2019, había dos millones de niños y adolescentes de entre 5 y 16 años trabajando. Dennis Larsen, coordinador de UNICEF en el nordeste del país, una de las regiones más pobres, lamenta que el trabajo infantil en Brasil comienza a veces a los cinco años y que cada vez hay más niños en esta situación, la mayoría de ellos pertenecientes a comunidades negras e indígenas. Ante este panorama, el Gobierno brasileño está revisando el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Adolescente Trabajador, lanzado en 2019 por el expresidente Jair Bolsonaro.
En Paraguay, según una encuesta oficial de 2011, el 22,4% de los niños de 5 a 17 años trabajaban, y en Bolivia, donde no hay datos posteriores a la pandemia, se estima que en 2019 unos 724.000 menores de entre 5 y 17 años trabajaban, de los cuales el 41% lo hacía en condiciones peligrosas y prohibidas.
El agravamiento de la pobreza tras la pandemia ha supuesto un retroceso en la lucha contra el trabajo infantil en muchos países de América Latina. Esta situación representa una amenaza para el futuro de la región, ya que obstaculiza la educación y el desarrollo adecuado de los menores. Es necesario implementar medidas urgentes y eficaces para erradicar esta problemática y garantizar un mejor futuro para los niños latinoamericanos.
