Guatemala. – Guatemala se encuentra en medio de una controversia por una posible destitución de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras. Ante este escenario ha varios les ha surgido la pregunta: ¿es posible llevar a cabo este proceso y cuáles son los pasos a seguir?
En el año 2016 se realizó una reforma a la Ley Orgánica del MP con el objetivo de blindar a la entonces fiscal general, Thelma Aldana, y garantizar su autonomía. En aquel entonces, la embajada de Estados Unidos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respaldaron la reforma para evitar la destitución de Aldana por parte del presidente Jimmy Morales, quien temía las investigaciones del MP contra su familia.
La reforma eliminó el criterio de remoción basado en el «mal desempeño de las obligaciones», estableciendo como única causa de destitución la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, por el cual se hubiera sido condenado en juicio.
Sin embargo, una nueva propuesta liderada por el presidente Bernardo Arévalo busca reintroducir el «mal desempeño del funcionario» como motivo de destitución, utilizando diferentes términos. Esto podría otorgar nuevamente al presidente la facultad de cambiar al Fiscal General cuando no esté de acuerdo con sus acciones.
Además, la propuesta incluye nuevos motivos de destitución, como la «falta de capacidad, idoneidad u honradez sobrevenida» en el ejercicio de sus funciones. Aunque los críticos argumentan que estos supuestos nuevos motivos en realidad disfrazan una remoción discrecional del presidente.
@BArevalodeLeon
Tomando en cuenta la posibilidad de utilizar el Congreso para aprobar una nueva ley orgánica que permita la destitución de la fiscal del Ministerio Público en Guatemala, los pasos a seguir serían:
- Propuesta de reforma: Se presenta una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público en el Congreso de la República. Esta propuesta puede ser iniciada por algún legislador o por el Poder Ejecutivo, dependiendo de las disposiciones legales y de los procedimientos establecidos.
- Debate y votación: La propuesta de reforma es debatida en el Congreso, donde se discuten los términos y los alcances de la modificación propuesta. Posteriormente, se lleva a cabo una votación para determinar si la reforma es aprobada o no.
- Mayoría requerida: La reforma requeriría una mayoría simple o cualificada (107 votos), dependiendo de los requisitos establecidos en la legislación guatemalteca y en el reglamento del Congreso, para ser aprobada.
- Promulgación por el presidente: Una vez aprobada por el Congreso, la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público debe ser promulgada por el presidente de la República para que entre en vigor como ley.
- Inicio del proceso de destitución: Con la nueva ley orgánica en vigor, se podría iniciar el proceso de destitución de la fiscal del Ministerio Público de acuerdo con lo establecido en la ley. Esto podría implicar la apertura de una investigación sobre su conducta o desempeño, así como la presentación de una acusación formal basada en supuestas violaciones a la ley o al ejercicio inadecuado de sus funciones.
- Juicio político: Dependiendo de los términos de la nueva ley orgánica, el proceso de destitución podría implicar un juicio político ante el Congreso de la República, en el cual se evaluarían las pruebas presentadas y se tomaría una decisión final respecto a la destitución de la fiscal del Ministerio Público.
Estos pasos son hipotéticos y podrían variar en función de las disposiciones específicas que se incluyan en la nueva ley orgánica del Ministerio Público y de cualquier otro factor relevante que pueda surgir durante el proceso político y legal.
En medio de un ambiente político lleno de tensiones, la posibilidad de destituir a la fiscal del Ministerio Público plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes y la autonomía de las instituciones. Mientras algunos argumentan a favor de medidas que aseguren la transparencia y eficacia en la gestión pública, otros expresan preocupación por el riesgo de politización y debilitamiento del sistema de justicia.
