Guatemala. – El 21 de agosto, el Ministerio Público (MP) realizó una conferencia de prensa en la que se expusieron presuntos actos de corrupción dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi). La conferencia fue liderada por el secretario general del MP, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Miguel Vásquez.
Rafael Curruchiche comenzó la conferencia con fuertes acusaciones contra el presidente de la República, Bernardo Arévalo, a quien señaló como el «principal responsable de fomentar la impunidad». Según Curruchiche, Arévalo habría emitido una orden ilegal al crear un mecanismo de pago arbitrario, fuera de sus funciones y atribuciones constitucionales. Además, lo acusó de autorizar pagos ilícitos a contratistas del Estado vinculados con el Micivi.
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Curruchiche también mencionó que el Ministerio Público recibió una denuncia el 16 de julio por parte de Ricardo Méndez Ruiz, la cual motivó la investigación actual. Durante la conferencia, el fiscal presentó pruebas y comparó la situación con el caso La Línea, que involucró al expresidente Otto Pérez Molina, sugiriendo similitudes entre ambos casos.
Entre las pruebas presentadas, se incluyó un audio que circuló en agosto de 2024, en el cual se escucha al presidente Arévalo en una conversación con la exministra de Comunicaciones, Jazmin de la Vega. En este audio, Arévalo destituye a De la Vega por no cumplir con órdenes relacionadas con pagos a empresas contratadas por el Micivi, lo cual fue corroborado por el mandatario en una conferencia anterior.
Señalamientos contra diplomáticos
El fiscal Curruchiche también mencionó posibles irregularidades vinculadas a Gabriel Orellana Rojas, un miembro jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA). Según las investigaciones, una empresa relacionada con Orellana Rojas habría recibido pagos por parte del gobierno de Arévalo. Además, Curruchiche afirmó que había un interés por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en visitar Guatemala en relación con este caso.
Durante la conferencia, se presentó documentación que muestra que algunas de las empresas beneficiadas por los pagos del Micivi también han sido señaladas por casos de corrupción en informes periodísticos.
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Caso B410
Curruchiche continuó su exposición señalando que varias empresas involucradas en el caso B410, revelado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), también recibieron pagos por parte de la administración de Arévalo. Uno de los ejemplos mencionados fue la constructora SERMAT, que habría recibido más de Q6 millones.
El fiscal anunció que solicitarán el retiro del antejuicio contra el presidente Arévalo por los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y usurpación de atribuciones, argumentando que Arévalo emitió instrucciones ilegales.
Respuesta de la Presidencia
La Presidencia de la República respondió de manera contundente a las acusaciones. En un comunicado oficial, calificaron las acciones del Ministerio Público como «corruptas» y afirmaron que los señalamientos de Rafael Curruchiche carecen de credibilidad pública y solidez jurídica. Además, desestimaron la posibilidad de que los cargos prosperen y afirmaron que los actores involucrados en estas acusaciones no tienen apoyo ni credibilidad entre la población guatemalteca.
