Guatemala. – La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) informó que Guatemala se encuentra actualmente bajo la vigilancia del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estos mecanismos de protección de derechos humanos están investigando casos de detenciones arbitrarias y condiciones en los centros de detención del país.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria está supervisando tres casos específicos en Guatemala que han sido clasificados como detenciones arbitrarias. Los casos involucran a Sergio Alfredo Herrera Acevedo, detenido en abril de 2019; Lilian Virginia Laparra Rivas, detenida en febrero de 2022; y José Rubén Zamora Marroquín, periodista y exdirector del extinto diario elPeriódico, detenido en julio de 2022. Estos casos han instado al Estado de Guatemala a tomar medidas para remediar la situación conforme a las normas internacionales de derechos humanos.
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Por su parte, una delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura visitó Guatemala del 8 al 19 de octubre de 2023, realizando inspecciones en diversas prisiones del país. Durante su visita, la delegación expresó preocupación por las condiciones de hacinamiento en las cárceles y urgió al sistema judicial a reducir el uso de la prisión preventiva y mejorar la ejecución de sentencias para respetar los derechos fundamentales de los detenidos.
El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, reconoció la importancia de la fiscalización internacional y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la ONU. Según Oswaldo Samayoa, director ejecutivo de la Copadeh, el Ejecutivo no tolera las detenciones arbitrarias y trabaja para garantizar que el sistema judicial no sea instrumentalizado para fines ajenos a la justicia.
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Samayoa también destacó que el país debe ser transparente sobre los problemas que enfrenta en materia de derechos humanos y trabajar en su resolución para mantener la credibilidad internacional. Asimismo, informó que el caso de José Rubén Zamora podría ser llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque el Gobierno busca soluciones amistosas para evitar este desenlace.
Finalmente, el Estado de Guatemala tiene pendientes unas 15 disculpas públicas relacionadas con diversos casos de derechos humanos, algunas de las cuales podrían ser solicitadas de manera privada por las familias de las víctimas.
