Guatemala. – Empresas que operan en Puerto Quetzal están expresando su descontento ante las crecientes demoras en los tiempos de espera para la carga y descarga de barcos, un problema que se ha intensificado en las últimas semanas debido a las medidas adoptadas por las autoridades portuarias.
A través de redes sociales y cartas oficiales, como la enviada por la empresa Aliados Agroindustriales S. A. (Alaisa) al gerente de operaciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), las empresas han manifestado su preocupación. En la misiva, Alaisa advierte que sus proveedores están considerando desviar la carga a puertos en El Salvador y México debido a los atrasos, mientras que algunas navieras han amenazado con retirarse del país. La carta fue supuestamente recibida por la EPQ el 16 de agosto, pero no ha habido una respuesta oficial al respecto.
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Las empresas afectadas también critican las nuevas normativas que limitan el atraque a un solo buque a la vez, lo que afecta la importación de productos esenciales como hierro, cemento y fertilizantes. Según la carta, algunos buques han esperado más de 45 días en fondeo, con el tiempo de espera aumentando hasta 60 días bajo las nuevas medidas. Además, se reporta la falta de equipos y personal necesario para la carga y descarga, lo que contribuye aún más a los retrasos.
El Comité de Usuarios de Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) ha confirmado la circulación de varias cartas sobre estos problemas, incluyendo una de la empresa Clipper Bulk Shipping Ltd., que ha amenazado con suspender sus servicios en EPQ hasta que se encuentre una solución. Según el presidente de Cutrigua, Alejandro Toledo, los buques que antes esperaban 15 días ahora enfrentan esperas de hasta 30 días, y aunque el puerto ha intentado implementar un plan de contingencia, los esfuerzos no han sido suficientes.
El 20 de agosto, 22 buques estaban fondeados a la espera de llegar al muelle, según datos de la EPQ. Las autoridades portuarias han implementado medidas de emergencia desde junio para reducir los tiempos de espera, incluyendo un plan de reducción de fondeo (PRF) y la introducción de «ventanas de oportunidad» que limitan el tiempo de operación de los buques a 24 horas. Sin embargo, estas medidas han generado críticas y preocupaciones sobre su efectividad.
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Entre las medidas adoptadas, se han otorgado descuentos significativos en tarifas de almacenaje y se ha iniciado una convocatoria para mejorar el servicio de grúas, con el objetivo de agilizar las operaciones de carga y descarga. Además, se están evaluando proyectos de empresas privadas para aumentar la capacidad de los terminales portuarios especializados en granel.
Las empresas afectadas insisten en que se necesitan soluciones urgentes para evitar mayores perjuicios a la economía del país.
