Guatemala, 3 de septiembre. – El mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) llegó a su fin, tras 12 años de labores que permitieron accionar legalmente en círculos poderosos de empresarios, militares, funcionarios públicos y particulares, deshonestos, antes intocables.
La CICIG, entidad de las Naciones Unidas que hasta hoy colaboró con el Ministerio Público (MP) en el combate al crimen organizado y la corrupción, también fue duramente cuestionada por sectores conservadores contrarios a su gestión.
Un acuerdo entre el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo que surgiera la CICIG, considerado en el ámbito internacional como «un experimento exitoso» contra funcionarios, políticos y empresarios deshonestos y alejados del brazo de la justicia.
Entre sus logros resalta la desarticulación, en abril del 2015, de una red de corrupción que, según la investigación del MP y la CICIG, encabezaban el propio presidente de la República, el general retirado Otto Pérez Molina, y la vicemandataria Roxana Baldetti, ex diputada y ex funcionaria.
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El presidente Jimmy Morales (2016-2020), que al inicio de su gestión elogiaba el trabajo de la CICIG, se convirtió en enemigo acérrimo de la llamada misión de la ONU antimafias y dirigió sus esfuerzos a expulsarla del país. Lo consiguió tras prohibirle la entrada a Guatemala al jefe de la entidad internacional, el colombiano Iván Velásquez, y negarse a solicitar una nueva prórroga del mandato que finalizó este tres de septiembre.
Era habitual que los sucesivos gobiernos guatemaltecos pidieran prórrogas de dos años, que sumaron un total de 12 años de colaboración estrecha de la CICIG con el MP en las tareas de combate al crimen, la corrupción y la impunidad.
El desapego del presidente Morales con la CICIG, de acuerdo con analistas, se originó por la investigación derivada de un caso de corrupción que llevó ante la justicia al hijo y al hermano del mandatario.
La rivalidad se agudizó luego de que el MP y la misión de la ONU pidieron un antejuicio -despojo de la inmunidad- contra el gobernante Morales, a fin de profundizar las investigaciones por financiamiento electoral ilícito. El delito lo habría cometido cuando fungió como secretario general del partido que lo postuló a la presidencia en los comicios del 2015.
La comisión trabajó de la mano con el Ministerio Público de Guatemala y con la fiscal general Thelma Aldana. Su caso más aclamado fue el descubrimiento de un sistema de fraude en el sector de aduanas que orilló al presidente Pérez Molina a renunciar a su cargo en septiembre del 2015 tras ser vinculado en la investigación junto con la vicepresidente Baldetti, quien dimitió en mayo y fue detenida en agosto del mismo año.
La CICIG ha generado intensas polémicas en el país entre sectores políticos y empresariales influyentes que lo apoyaron en su cruzada contra la misión internacional. La oposición y grupos que tienen como bandera la lucha contra la corrupción y los políticos deshonestos son los principales respaldos de la CICIG.
Activistas sociales y gran parte de la ciudadanía, lamentaron que el mandato de la CICIG haya llegado a su fin. El 72 por ciento de la población está de acuerdo con la entidad internacional.
Aldana, ex fiscal general y ex jefa del MP, clave en el trabajo de la CICIG de los últimos cinco años, reconoció el aporte a Guatemala. «Gracias CICIG por el legado de justicia y conciencia ciudadana. Juntos lo hicimos», enfatizó en un mensaje en redes sociales.
Gracias @Cicig por el legado de justicia y conciencia ciudadana. Juntos lo hicimos !!! #JuntosLoHaremosDeNuevo
— Thelma Aldana (@ThelmaAldana) September 2, 2019
En su informe final, la entidad de las Naciones Unidas afirmó que durante los 12 años de labores se desmantelaron 70 estructuras criminales, se llevó a juicio alrededor de 600 personas y se lograron 400 condenas.
El presidente electo Alejandro Giammattei, indicó que no gestionaría el retorno de la CICIG a Guatemala, por las prolongadas negociaciones y engorrosos trámites ante la secretaría general de la ONU y el Congreso guatemalteco, pero ofreció a cambio una fortalecida comisión anti corrupción, emanada de su gobierno y con apoyo internacional.
