Guatemala. – Autoridades guatemaltecas realizaron hoy una serie de diligencias en el llamado caso del denominado “Asalto al Ministerio de Salud Pública” en el período 2012-2014, que llevaron al cumplimiento de 19 de 29 órdenes de captura, 84 citaciones judiciales y pedidos de antejuicio contra diez diputados.

Las investigaciones del Ministerio Publico y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dejaron al descubierto una estructura criminal y de corrupción que además de obtener 450 plazas de trabajo “fantasmas (personal que cobra sin trabajar)” se hicieron de ganancias ilícitas por al menos 56 millones de quetzales.

Los 19 detenidos fueron presentados durante la tarde ante la titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Ericka Aifán, quien giró las órdenes de captura, para ser notificados de los motivos de su aprehensión.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público (MP) informó que este martes se realizaron los operativos en cumplimiento de las 29 órdenes de captura. El ministro de Salud en el período 2012-2014, Jorge Villavicencio Álvarez, uno de los principales implicados, acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, fue declarado prófugo, mientras que el ex viceministro administrativo, William Sandoval, figura entre los detenidos.

Como resultado de las investigaciones apoyadas por la CICIG, misión de las Naciones Unidas que colabora con el MP en el combate al crimen y la corrupción, se solicitaron antejuicios contra diez diputados bajo cargos como asociación ilícita, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero, cohecho activo, y 84 citaciones a primera declaración (de igual número de personas).

El caso se remonta a los años 2012 y 2014, en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, en prisión preventiva por acusaciones de corrupción, cuando se investigaron denuncias sobre una estructura criminal que había cooptado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Al profundizar la investigación y luego de casi tres años de trabajo coordinado entre el MP y la CICIG, “se logró determinar la forma en que operaba la estructura” criminal que “estaba plenamente organizada y evidenciaba conductas ilícitas que ocasionaron un detrimento importante del erario público mediante la asignación de contratos con el fin de obtener un beneficio individual ilícito”, indicaron ambas instituciones en un comunicado conjunto.

Señalaron que con el nombramiento en 2012 de Villavicencio Álvarez como ministro de Salud comenzó “el funcionamiento de la estructura criminal”. El entonces funcionario, en complicidad con su hija Saraí Villavicencio Delgado, y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros “lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares”.