Guatemala. – La justicia guatemalteca absolvió hoy a Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, quienes fueron juzgados por el delito de fraude.

El Ministerio Público (MP) había solicitado penas de 11 años de prisión contra Morales Cabrera y de ocho años para Morales Marroquín, procesados en el caso denominado “El Estado como botín: Registro de la Propiedad”.

Por este caso de corrupción fue condenada la ex titular de la dependencia (Registro General de la Propiedad), Gladys Anabella de León Ruiz, por el delito de peculado culposo y se le impuso una multa de cinco mil quetzales, pero fue absuelta del cargo de peculado por sustracción en forma continuada. El MP había propuesto una pena de diez años de prisión inconmutables contra la ex funcionaria.

En el caso de los familiares presidenciales juzgados por el delito de fraude, el Tribunal Décimo Tercero Penal dictó sentencia absolutoria por considerar que no se pudo acreditar la participación ni la intencionalidad de Morales Cabrera y Morales Marroquín en las irregularidades cometidas en el Registro General de la Propiedad.

Según los juzgadores, la parte acusadora no demostró la intencionalidad ni el beneficio económico obtenido por Morales Marroquín derivado del delito de fraude en forma continuada. Similares argumentos se utilizaron para declarar la no culpabilidad de Morales por fraude en perjuicio del Estado. En este sentido, la justicia admitió que el acusado se limitó a proporcionar sus facturas pero no existió una concertación para defraudar.

El caso “El Estado como botín: Registro de la Propiedad”, que se presentó el uno de septiembre de 2016, fue investigado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), misión que colabora en el combate al crimen organizado y la corrupción.

Morales Cabrera fue detenido el 18 de enero de 2017, fecha en que se citó a Morales Marroquín para declarar en el caso que, de acuerdo con el MP, “se comprometían seriamente las finanzas de la institución (Registro General de la Propiedad)” por la comisión de varios delitos.

Las investigaciones del MP, de la mano con la CICIG, establecieron que entre el cinco de noviembre y el nueve de diciembre del año 2013, el Registro General de la Propiedad contrató tres eventos, de los que dos correspondieron a dotación de alimentos y uno por la compra de canastas navideñas con un gasto total de 269 mil 933 quetzales.

Los dos primeros eventos no se realizaron, sin embargo, si fueron pagados, el tercero fue pagado a una empresa que no prestó dicho servicio, lo cual indica que se erogaron 179 mil 975 quetzales sin sustento, pues no se prestaron los servicios de alimentos.